El ejercicio de facultades jurisdiccionales por entidades administrativas supone una invasión a las competencias jurisdiccionales asignadas históricamente al Juez. Sin embargo, criterios de celeridad en la administración de justicia, la dinámica del mercado y la imposibilidad del Estado para responder frente a las demandas de justicia de los asociados, conduce a resaltar su importancia y utilidad, reflejada en la Constitución Política y en la jurisprudencia constitucional.