En el presente artículo se señala la importancia de la protección directa del derecho a la salud, a partir del análisis de la aspersión aérea de glifosato en Colombia y de la sentencia del 13 de junio de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se resuelve una acción popular contra el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la cual se solicitaba adoptar las medidas necesarias para impedir el deterioro de los recursos naturales como consecuencia de la erradicación de los cultivos ilícitos. En estas líneas el autor quiere resaltar como mediante la acción popular se logra la protección directa de un derecho social y económico, pues la suspensión de las fumigaciones con el herbicida glifosato en todo el territorio nacional resulta ser una efectiva protección del derecho a la salud en el caso concreto.