RESUMEN El artículo hace una reflexión acerca de la práctica judicial, evidenciada al interior de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, de inaplicar, suspender o anular los actos administrativos emanados de autoridades territoriales, mediante los cuales se regulan aspectos concernientes al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Desde una perspectiva critica, el estudio plantea que tan conforme con la Constitución es una decisión que asegure la integridad del principio de legalidad y de la jerarquia normativa, tal como lo viene haciendo la citada jurisdicción en reiterados fallos, como también lo es la obligación de darle efectividad al principio de protección especial al trabajo, especificamente respecto de la regla de la favorabılidad laboral Asi entonces, no siempre resulta acorde con el modelo constitucional que acoge el Estado colombiano otorgarle primacía a los principios y valores del derecho público en detrimento de los principios e instituciones del derecho del trabajo, los cuales poseen razones de peso suficientes nada prevalecer en este tipo de casos.