La conciliación, como mecanismo de solución de conflictos, alternativo al judicial, nos impone a los abogados, a partir de la vigencia de la Ley 640 de 2001, la obligación de acreditarnos en tal condición. La misma debe ser observada no solo desde la órbita de la ciencia jurídica sino también que debe ser tenida en cuenta como filosofía de vida de los seres humanos en el desarrollo de sus relaciones en la sociedad. La conciliación prejudicial, en derecho administrativo, se blinda con la aprobación que de ella se imparte en la jurisdicción contencioso administrativa.