El artículo presenta el análisis de la experiencia de la fusión del Ministerio del Interior de Justicia y del Derecho acaecida en el año 2002 (bajo el programa de Renovación de la Administración Pública PRAP) y desarrollada en el año 2010, en el que comienzan a plantearse las discusiones en la opinión pública acerca de la necesidad de escindirlos. En este recorrido se señalan tanto las condiciones del país y el sector de justicia como de cada uno de los miembros a lo largo de esos años, centrándose, especialmente, tanto en el proceso de la fusión como en los resultados vistos en términos de la solución de problemas que debía abocar el ministerio fusionado. Lo que la experiencia muestra es que es efectivamente se trata de un caso de reforma fallida donde, desde el comienzo predominaron argumentos de tipo fiscal, dejando por fuera análisis técnicos que permitían señalar, como se verá, que la fusión era "artificial" y que estaba condenada, tarde o temprano, a ser cuestionada. El nuevo ministerio no "cuajó", más bien había dos ministerios bajo el mismo nombre, no logró consolidarse ni institucionalizarse en el ámbito público, especialmente en un tema tan sensible como el de justicia, y por ello, ya desde antes de finalizar el segundo periodo del gobierno del Presidente Uribe, se comenzó a ventilar la necesidad de la reforma que permitiera re-crear el Ministerio de Justicia.