Resumen

El ejercicio de la acción penal puede estar a cargo del Estado, del conglomerado social, o de aquella persona que ha sufrido un daño como consecuencia del delito. Esta última posibilidad, denominada Acción Privada, ha sido adoptada recientemente en Colombia mediante una reforma constitucional. Atendiendo a lo anterior, en este artículo se revisan los antecedentes del concepto de acción penal y las alternativas que surgen frente a su titularidad. También, se estudia la naturaleza jurídica que en la legislación nacional ha tenido la acción penal, así como las posibilidades de intervención procesal que se han otorgado a las víctimas del delito en los tres últimos Códigos de Procedimiento Penal y las sentencias de la Corte Constitucional más representativas sobre el tema; hasta llegar a la consagración de la Acción Penal Privada. Establecido lo precedente, se analizará el proyecto de ley que cursa actualmente en la Cámara de Representantes, mediante el cual se pretende reglamentar dicha institución, con el fin de describir su alcance e identificar sus vacíos.