Con la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la incorporación en esta normatividad de un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se establecieron principios rectores necesarios para la implementación, integración e interpretación de la nueva normatividad penal, acorde con los convenios y tratados internacionales suscritos por Colombia y los postulados del Estado Social de Derecho.