Resumen

El Gobierno liderado por el presidente Álvaro Uribe acusa a la sentencia C-221/94, la cual despenalizó el consumo de la dosis personal, de ser la causa del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. No obstante, un análisis de política comparada de experiencias como las de Holanda y España, donde pese a la despenalización de la dosis personal el consumo se ha reducido, permite vislumbrar que este juicio es errado y que el Gobierno está olvidando un asunto fundamental: desde 2002 la despenalización en Colombia no ha sido acompañada por una política pública orientada a la demanda. La Política de Seguridad Democrática deja de lado la prevención y la regulación del consumo de drogas y sólo se centra en la disminución de la oferta mediante acciones orientadas a combatir la producción y el tráfico.