RESUMEN
El derecho a la ejecución (sentencias u otros) es también un derecho humano y constitucional reconocido. Esta afirmación sin embargo, a menudo no se correlaciona con el tratamiento y acuciosidad desde el punto de vista interdisciplinario. El acceso a la justicia y la efectiva protección de los derechos se ha incorporado la posibilidad de obtener la ejecución contra el deudor. De otra manera, es fácil concluir con la denegación de justicia. En el presente texto, exploro la experiencia chilena con mano de obra y ejecución judicial civil teniendo en cuenta el proyecto de Código de Procedimiento Civil (CPC) actualmente en el Parlamento y el Congreso. Uno de los principales cambios radica en la modernización orgánica de la ejecución civil procedimental. El desafío es pasar de la actual ejecución centrada en el juez a un sistema oficial de justicia. Suponiendo que el Estado debe prever un ejecutivo orgánica y eficiente de procedimiento. Costos, protección de derechos, eficiencia y la modernización de la justicia civil en Chile son las bases que cimentan ir hacia profesionales dentro de las modernos estándares de la ejecución civil (transparencia del patrimonio del ejecutado, colaboración, des burocratización del Poder Judicial, ADR y el incentivo para unir antes que enfrentar intereses), el juez debería tener competencia para conocer sobre lo que necesite actividad adjudicativa relacionada con el control mismo de la ejecución.