Resumen:

La sentencia del caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá fue un hito histórico en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser la primera vez que el Tribunal se pronunció sobre derechos laborales, materia que no está comprendida expresamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque sí lo está en el Protocolo de San Salvador. Por las características del caso, la Corte remitió a la normativa nacional para que las partes en conflicto determinaran las reparaciones económicas. Si bien estableció algunos parámetros para tal efecto, quedaron muchos vacíos que permitieron interpretaciones disímiles, lo cual provocó que durante más de seis años tanto el Estado como las víctimas se mantuvieran en una situación de incertidumbre respecto a los derechos reconocidos por la sentencia y su correlación económica. El artículo hace una reseña del avance jurisprudencial de lo que significó la sentencia Baena en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pero también recoge una serie de observaciones críticas sobre la contribución de la Corte en la dilación del cumplimiento de la sentencia.