El debido proceso en las actuaciones administrativas de Tránsito y Transporte es desarrollado en el artículo 135 de la Ley 769 del 2003, normatividad que especifica el procedimiento aplicable a cualquier persona contraventora de las normas de tránsito, de forma que le sea impuesta una orden de comparendo; por tanto, su relevancia es la propia de una notificación para dar inicio a un proceso especial en el cual el infractor puede ejercer sus derechos y controvertir dichas disposiciones. El desarrollo de la investigación adelantada por los semilleros de investigación "El Huila y su Justicia" de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, y "Con-tacto" de la Universidad Surcolombiana, y la aplicación de los instrumentos reflejaron la existencia de un conocimiento inadecuado acerca del alcance y contenido de estas disposiciones, situación preocupante si se tiene en cuenta que es uno de los ámbitos de mayor impacto social.