El presente artículo presenta un breve, aunque bien fundado, acercamiento al tema de las acciones de grupo previstas en la Carta Política, y desarrolladas en la Ley 472 de 1998, concretamente en cuanto tiene que ver con la naturaleza de dichas acciones y la vigencia en su aplicación. Asimismo se tratan algunos principios del derecho de daños, lo atinente al alcance de las decisiones que fruto del trámite judicial de estas acciones se dé, específicamente en cuanto tiene que ver con la cosa juzgada, desde el ámbito material y personal de la figura. Son éstas, en nuestro sentir, aristas insoslayables a la hora de evaluar la eficacia práctica y el progreso jurisprudencial en el tratamiento de dicho mecanismo de protección de derechos, dentro de un contexto que, como el actual, se ha visto matizado por situaciones reales que, sometidas al juicio de los operadores judiciales, parecieran animar vertiginosamente la sensación fundada por demás de contar aún con notorios vacíos normativos.